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ARTÍCULO OPINIÓN DIARI SANT ANDREU

El pasado 1 de marzo se cerró un ciclo del centro comercial Atrium, el que transcurre entre su construcción y la fecha en la que ha expirado el plazo máximo fijado por la Dirección General de Comercial para que se iniciase su actividad comercial. Empezó mal ese centro comercial, ideado dentro de una planificación urbanística que continuamente han ido tumbando los tribunales de justicia y que a fecha de hoy parece que no se va a solucionar nunca. Pero ese no es el motivo por el que no se opera comercialmente. 

A parte de la rumorología infundada e interesada que corre por nuestro municipio, les insistiré en que el centro fue construido ilegalmente. Se incumplió la normativa urbanística y comercial ya que el gobierno municipal del PSC concedió, en 2002, los permisos de obra sin haber obtenido el previo, y necesario, visto bueno del Pleno del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca para la implantación del centro comercial y sin contar con licencia comercial, que debía haberse solicitado previamente a la Dirección General de Comercio de la Generalitat de Catalunya.

Los permisos de obra fueron denunciados en su momento ante los tribunales, pero la demanda ha sido retirada recientemente. A cambio el demandante ha recibido del Ayuntamiento unas indemnizaciones urbanísticas que no tocaban, ya que numerosas sentencias judiciales han declarado nula la reparcelación urbanística del sector donde se ubica el centro comercial.

 

La mayor parte de la propiedad del centro comercial fue transmitida durante su construcción a Coperfil Group, a pesar de que la ley impedía estas operaciones cuando no se había obtenido la necesaria licencia comercial. De hecho, en 2007, la Dirección General de Comercio sancionó a Coperfil Group por la inexistencia de licencia, pero no se pronunció sobre la transmisión irregular. 

Había que regularizar lo irregular y se maquinó a tres bandas (Ayuntamiento, Coperfil Group y Dirección General de Comercio) una salida para acomodar el centro comercial al marco legal existente. La empresa promotora Coperfil Group pactó, con el soporte inexcusable del PSC, compartir la licencia comercial con algunos pequeños propietarios de locales ubicados en el centro comercial, ya que ellos no podían solicitarla individualmente. El pacto les permitiría ver una salida a su situación irregular y operar comercialmente. Finalmente Coperfil Group consiguió obtener en el año 2009 la licencia bajo un procedimiento que denominaron de “regularización mediante ampliación”. Procedimiento inexistente en la ley y que la Dirección General de Comercio se inventó. Así lo dice la Fiscalía provincial de Barcelona, no era una regularización era una concesión.

Pero para que la licencia fuese efectiva, la actividad comercial debía iniciarse dentro de los tres años siguientes o en su caso, y tras prórroga solicitada, a los cinco. El plazo máximo finalizó en marzo de 2014. No se ha iniciado la actividad, es evidente, y el motivo es que Coperfil Group tras la concesión de la licencia comercial entró en concurso de acreedores y fue intervenida judicialmente. Desde hace un año la empresa se encuentra en fase de liquidación y todo apunta a que se subastarán sus activos. El pacto con los pequeños propietarios evidentemente no se ha cumplido y se sienten engañados.

El Gobierno del PSC desde el Ayuntamiento, y a partir del acuerdo de inicio del concurso de acreedores, le ha devuelto a Coperfil Group avales millonarios en garantía de un convenio urbanístico que no ha cumplido; le ha indemnizado por la reparcelación del sector urbanístico donde se ubica el centro cuando el proyecto de reparcelación ha sido, y continúa siendo, declarado ilegal según los tribunales. Pero el colmo de la situación es que la empresa le debe dinero al Ayuntamiento, como así consta en el último informe de gestión tributaria de la Diputación de Barcelona. Lo que se inició de forma irregular ha finalizado de igual manera y el centro comercial sigue cerrado. Los afectados últimos, aparte de los pequeños propietarios que han sido engañados, como no podía ser de otra forma son los ciudadanos de Sant Andreu de la Barca. El PSC es claramente responsable de esta situación.

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José Manuel García Bravo
Concejal de D3.0 en Sant Andreu de la Barca

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