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Democracia 3.0 publica el audio de la grabación del pleno ordinario celebrado ayer.

Democracia 3.0 ofrece este servicio dado que el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca obvia su obligación de ponerlo a disposición de la ciudadanía en la página web municipal.  El último que publicaron fue el de enero 2012.

Del desarrollo del pleno se puede llegar a las siguientes conclusiones:

El PSC de Sant Andreu de la Barca, entre insultos y descalificaciones proferidas por su portavoz municipal, obvia parte de las conclusiones de la Fiscalía Provincial de Barcelona que determina que unos ordenadores portátiles que debían destinarse a un programa de inclusión social fueron entregados a los concejales del Ayuntamiento.

 

El PSC de Sant Andreu de la Barca se niega, a través de su portavoz y de forma explícita, a contestar las preguntas realizadas por Democracia 3.0.

El PSC de Sant Andreu de la Barca, a través de su portavoz, pide la dimisión de tres concejales de la oposición por poner en conocimiento de la administración judicial unos hechos que podían ser constitutivos de delito. Hechos que, en parte, han sido confirmados por la Fiscalía Provincial de Barcelona.

El PSC de Sant Andreu de la Barca presentó una moción sobre el derecho a decidir en relación con los recortes presupuestarios, una moción que aunque Democracia 3.0 la suscribiría en su totalidad nos parece insuficiente e interesada, ya que lo que se reclama para otras administraciones no se practica en el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca.

El PSC de Sant Andreu de la Barca junto con ICV-EUiA presentaron una moción contra los desahucios. Democracia 3.0 la ha apoyado y aplaudido, si bien el planteamiento político que ahora se defiende llega tarde y no es como consecuencia de la actuación política, sino más bien de su reacción ante una decisión de la Abogada General de Tribunal de Justicia de la Unión Europea que considera abusivas las clausulas sobre las ejecuciones hipotecarias. Democracia 3.0 ha defendido en Pleno que la vivienda, de una vez por todas, debe considerarse como un derecho constitucional a garantizar y defender.

 

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